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El testamento supone la posibilidad  que la voluntad del sujeto de derecho determine el destino de sus bienes, derechos y obligaciones, para después de su fallecimiento. Es un acto por el cual una persona pueda determinar, dentro de los límites y en la forma que prescribe la ley, el destino de su patrimonio después de muerto.

Es importante aclarar que la sucesión de una persona se abre con su muerte. Nada podrá estipularse sobre los derechos a la sucesión de una persona, mientras está viva, aunque ella consienta.

Para brindar mayor claridad mostramos como nuestro ordenamiento jurídico nicaragüense regula la sucesión testamentaria:

Esta nos expresa que el Testamento es personal, ya que sola la persona puede decidir sobre el fututo de sus bienes, derechos y obligaciones.

Nuestra legislación es clara y nos expresa la solemnidad del testamento, el cual debe realizarse en las formas establecidas por la ley, porque sin ellos no produce efectos y por tal motivo seria nulo; en principio, el testamento debe de ser elaborado ante un notario público autorizado por la Corte Suprema de Justicia, quien es fedatario público de la voz del testador.

El testamento puede ser común o especial. El Común puede ser abierto o cerrado y se considera Especial, el militar, marítimo y el realizado en el extranjero.

Es abierto el testamento, siempre que el testador manifieste su última voluntad en presencia del Notario y tres testigos, que deben autorizar el acto quedando enteradas todos los presentes de lo que en el se dispone.

El testamento es cerrado cuando el testador sin revelar su última voluntad, declara que ésta se halla contenida en el pliego que presenta a las personas que han de autorizar el acto, en este caso el notario y cinco testigos.

Nuestro ordenamiento jurídico, otorga el derecho al causante de revocar el testamento cuando él así lo disponga o mediante la elaboración de un testamento nuevo.

En conclusión, cuando una persona muere, crea uno de los hechos jurídicos con mayor trascendencia dentro del ordenamiento jurídico Nicaragüense, no sólo porque implica el fin de su existencia, si no que ocurren consecuencias de índole patrimonial, ya sea porque dejó plasmada en instrumento público su última voluntad o ya sea que no dejó testamento y nuestra legislación concede la opción que las personas en vida puedan decidir el futuro de sus bienes.

Ante tal situación inminente, recomendamos a nuestros clientes que deben disponer del futuro de sus bienes y del bienestar de sus seres queridos, plasmando su última voluntad en el Testamento de su elección, ante un Notario Público autorizado y los testigos quienes darán fe de la voluntad del testador.

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Se conoce como contabilidad fiscal o tributaria al sistema de información relacionado con las declaraciones tributarias. Este tipo de contabilidad se basa en las normas tributarias de cada país.

En Nicaragua, la Ley No. 822, “Ley de Concertación Tributaria” y su Reglamento (Decreto N0.01-2013), junto con el Código Tributario (Ley 562), constituyen un conjunto de normas legales que brindan las reglas para efectos tributarios del país. La contabilidad fiscal es un sistema de información diseñado para dar cumplimiento a las obligaciones tributarias. Siendo el fisco quien contempla la relación jurídico-tributaria desde el punto de vista del contribuyente.

El principal objetivo de la contabilidad fiscal es servir como base para el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, facilitar el cumplimiento y observancia de las autoridades fiscales.

La Obligación Tributaria es la relación jurídica que emana de la ley y nace al producirse el hecho generador, según el cual un sujeto pasivo se obliga a la prestación de una obligación pecuniaria a favor del Estado, quien tiene a su vez la facultad, obligación y responsabilidad de exigir el cumplimiento de la obligación tributaria (Art. 12 CT)

Los Impuestos son los aportes establecidos por Ley que deben hacer las personas naturales y jurídicas, para que el Estado tenga los recursos suficientes para suministrar los servicios públicos y asistencia que necesita la comunidad.

Plazos para Declarar y Pagar Impuestos

 Es deber de los sujetos obligados realizar sus declaraciones, dentro del plazo legalmente establecido en nuestra legislación:

1.       Declaración y pago de las Retenciones IR Salarios, Retenciones IR (Otros), los primeros 5 días de cada mes.

2.       Anticipos IR-PMD (Ingresos brutos) y Recaudos de Impuestos Indirectos: IVA, ISC, declaración los primeros 5 días de cada mes y pago los primeros 15 días de cada mes.

3.       Declaración y pago del IR Anual, el último día del mes de febrero del siguiente año.

Al no realizar las declaraciones y pagos en estas fechas que nos establece la ley, nuestra legislación establece una sanción tributaria por omisión y presentación tardía de las declaraciones (multas, mantenimiento de valor y recargo por mora) la cual correspondería a una Multa mínima Tributaria por la suma de C$ 1,750.00, que equivale a 70 unidades de multa, conforme el Arto. 6, Arto. 8, Arto. 127 y Arto. 220 CTR, por incumplir lo descrito en el Arto. 134 CT.

La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal aunque su cumplimiento se asegure con garantías reales y las establecidas en nuestra legislación tributaria vigente para respaldo de la deuda fiscal, entendiéndose ésta como el monto total del tributo no pagado, más los recargos moratorios y las multas cuando correspondan. La obligación tributaria es personal e intransferible, excepto en el caso de sucesiones, fusiones, absorciones, liquidaciones de sociedades y de solidaridad tributaria y aquellas retenciones y percepciones pendientes de ser enteradas al fisco, como casos enunciativos pero no limitativos.  

Finalmente, cabe resaltar que cuando hablamos de los argumentos que consolidan la importancia de declarar impuestos, no sólo debe importar la legalidad, sino más bien  fortalecer a nuestras empresas para que actúen bajo principios de transparencia y ética, y que fortalezcan relaciones económicas honestas y de confianza.

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Con la aprobación de la Ley 1035 o Ley de Reforma a la Ley No. 698, Ley General de los Registros Públicos y al Código de Comercio de la república de Nicaragua, se crea el Registro de Beneficiario Final de las Sociedades Mercantiles Nicaragüense. Según la ley, dicho Registro tiene como objetivo principal, establecer los procedimientos y mecanismos para la auto gestión de la información de las Sociedades Mercantiles, incluyendo para tales efectos: cuenta de usuario, clave de acceso, plazos y ciclos para la declaración y actualización de la información relacionada al Beneficiario Final, al cual todas las sociedades mercantiles legalmente constituidas en Nicaragua están obligadas realizar.

Dicha norma forma parte del conjunto de leyes que han sido aprobadas de conformidad con las recomendaciones brindadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del cual Nicaragua es parte desde el mes de octubre de 1996.

Para tales efectos, el artículo primero (1°) de la Ley 1035, establece que para la aplicación de la misma, la Comisión Especial de Registros deberá emitir la Normativa Específica para el Registro de Beneficiario Final de las Sociedades Mercantiles del país. En tal sentido y mediante Circular Informativa del 24 de agosto del 2020, la Dirección Nacional de Registros (DNR) hace saber a los distintos órganos vinculados y al público en general que dicha entidad requiere de un proceso de desarrollo y maduración para un mejor entendimiento, comprensión y adaptación sobre la misma, así como la apropiación de herramientas informáticas que le permitan el cumplimiento de la misma.

Una vez entre en vigencia la normativa correspondiente, se dará a conocer al público en general por medio de la Dirección Nacional de Registros y se dará apertura al Registro de Beneficiario Final y a la programación de los ciclos de inscripción de las sociedades mercantiles.

Por el momento, mientras no sea publicada dicha Normativa, las sociedades mercantiles nicaragüenses no están en la obligación de realizar o enviar ningún tipo de reporte, sino hasta la entrada en vigencia de la Normativa que emitirá para tales efectos, la Dirección Nacional de Registros.

Corresponderá de manera individual a cada una de las sociedades mercantiles del país, la actualización y registro del Beneficiario Final, bajo los términos, condiciones, plazos y procedimientos que serán establecidos en la Normativa emitida por la Dirección Nacional de Registros.

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Una de las graves consecuencias que nos está dejando la pandemia del COVID-19, ha sido la afectación en la economía mundial, tanto a las personas naturales como a los distintos sectores económicos. Nicaragua no ha sido la excepción a esta afectación y es por tal motivo,  que los diferentes sujetos económicos del país han dado un grito de auxilio para una posible continuidad en sus actividades económicas y laborales.

Es por tal razón y con el “fin de mitigar los efectos negativos que se pudieren generar dada la coyuntura sanitaria internacional”, la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras emite la Resolución No. CD-SIBOIF-1181-1-JUN19-2020 con fecha del 19 de junio del 2020, con objetivo de establecer las condiciones crediticias temporales que las instituciones financieras del país puedan otorgar a los deudores con créditos vigentes, prorrogados o reestructurados de tarjetas de crédito, créditos de vehículos, personales, hipotecarios para viviendas, microcréditos, pymes, agrícolas, ganaderos, industriales y comerciales en todos los sectores de la economía.

Dicha Normativa pretende proteger a los distintos deudores, quienes podrán diferir cuotas y/o ampliar los plazos pactados, sin sufrir ningún tipo de afectación en sus clasificaciones de créditos o de riesgo. Asimismo se les puede conceder un período de gracia máximo de hasta seis (6) meses en el principal y/o intereses, lo cual aplicará también para el pago mínimo en las tarjetas de crédito y en ningún caso, las instituciones financieras deberán aplicar intereses sobre los intereses no pagados.

Para tales efectos, las instituciones financieras realizaran una evaluación individual de cada caso con base a las políticas que deberán elaborar para dichos objetivos, pero sin realizar ningún tipo de modificación a las demás condiciones pactadas originalmente, salvo que dichas modificaciones sean en beneficio del deudor.

Cabe mencionar que estas condiciones crediticias temporales podrán beneficiar a los deudores que al 31 de marzo del 2020 se encontraban clasificados como A o B, por una sola ocasión y no aplicará para aquellos nuevos créditos otorgados después del 31 de marzo del 2020.

Los deudores que deseen acogerse a estas condiciones crediticias temporales podrán gestionar sus solicitudes de formalización y registro hasta el 31 de diciembre del 2020.

De igual formas los bancos con créditos acogidos a la presente norma deberán elaborar y presentar sus propias políticas de aplicación, asi como también constituir una Reserva Patrimonial con las utilidades acumuladas al 31 de diciembre del 2019, transfiriendo un monto porcentual de utilidades que resulte de aplicar los saldos de la cartera beneficiada con las condiciones crediticias temporales, según la cartera bruta resultante.